Cuáles son los siete puntos clave de la reforma electoral que impulsa Javier Milei
El Gobierno nacional presentó un proyecto de reforma electoral integral que busca modificar de manera estructural el sistema político argentino. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, incluye cambios en la forma de votar, en el financiamiento de la política y en las condiciones para competir en elecciones.
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Uno de los ejes centrales es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. De aprobarse, cada partido definirá sus candidaturas según sus propias reglas internas, sin intervención del Estado en ese proceso.
Otro punto clave es la implementación de la Boleta Única de Papel. El nuevo formato concentrará todas las opciones en una sola hoja, organizada por categorías y partidos, permitiendo al elector marcar tanto candidaturas individuales como listas completas.
La reforma también introduce el concepto de "Ficha Limpia", que impedirá ser candidatos a quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia. Además, se creará un registro público para controlar que ningún postulante incumpla este requisito, que también alcanzará a cargos partidarios y ejecutivos.
En cuanto a los partidos políticos, se elevarán las exigencias para obtener y mantener la personería jurídica. Se requerirá un mayor número de afiliados y presencia en más distritos para el reconocimiento nacional. Asimismo, las fuerzas que no alcancen un mínimo del 3 % del padrón en dos elecciones consecutivas podrían perder su habilitación.
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El financiamiento de las campañas también sufrirá modificaciones. Los fondos públicos se repartirán en parte de manera igualitaria y en parte según los resultados electorales previos. A su vez, se establecerán límites más estrictos para los aportes privados, tanto de personas como de empresas.
Otro cambio relevante afecta a los representantes del Parlamento del Mercosur, que dejarían de ser elegidos por voto directo y pasarían a ser designados entre legisladores nacionales, sin remuneración adicional.
Por último, el proyecto fija nuevas reglas para las campañas electorales. Estas comenzarán 60 días antes de los comicios y se prohibirán actos de gobierno, como inauguraciones de obras, en los 25 días previos, con el objetivo de evitar el uso político de la gestión.