Golpe al bolsillo: habilitan subas en el recargo del gas y podrían aumentar las facturas
El Gobierno dispuso una modificación en el esquema de financiamiento del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, al habilitar la posibilidad de ajustar el recargo que lo integra en hasta un 50 %, tanto al alza como a la baja.
La medida tendrá impacto directo en las facturas del servicio que reciben los usuarios en todo el país. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 266/2026, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, y otorga nuevas facultades al área económica para intervenir en la administración de este instrumento clave del sistema de subsidios energéticos.
El fondo en cuestión se financia a través de un recargo que puede alcanzar hasta el 7,5 % sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) por cada metro cúbico consumido en Argentina.
Su objetivo principal es sostener los subsidios destinados a usuarios residenciales ubicados en zonas frías, donde el consumo energético es significativamente mayor por razones climáticas.
Con la nueva normativa, el Ministerio de Economía de la Nación Argentina queda habilitado para modificar ese recargo dentro de un margen de hasta el 50 %, lo que implica que podrá incrementarlo o reducirlo según las necesidades fiscales y energéticas.
El decreto fundamenta esta delegación de facultades en la necesidad de agilizar la administración de los recursos energéticos. En ese sentido, el texto oficial señala que la medida apunta a lograr una "mejor administración que permita concretar las metas políticas diagramadas".
Asimismo, el Gobierno sostuvo que el ejercicio de esta atribución por parte del Ministerio de Economía "resulta impostergable para una mejor gestión de gobierno", en un contexto en el que la política energética busca adaptarse a las restricciones fiscales y a la reorganización del esquema de subsidios.
Cabe destacar que el régimen vigente que regula este fondo y los subsidios asociados mantiene su validez hasta el 31 de diciembre de 2031. Dentro de ese marco temporal, las modificaciones en el recargo podrán ser utilizadas como una herramienta para equilibrar el financiamiento del sistema sin necesidad de dictar nuevas leyes.