Milei habilitó a Mendoza a cobrar peajes en rutas nacionales con un nuevo esquema de concesiones
El Gobierno nacional oficializó un cambio en la gestión de la red vial que impacta directamente en Mendoza, al autorizar a la provincia a concesionar tramos de rutas nacionales y aplicar peajes como mecanismo de financiamiento. La medida quedó establecida en el Decreto 253/2026, publicado en el Boletín Oficial, y forma parte de una estrategia de descentralización operativa.
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La normativa permite que Mendoza -junto a otras ocho provincias- licite, adjudique y controle obras sobre corredores nacionales bajo su jurisdicción territorial, sin que ello implique la transferencia de la propiedad de las rutas. El esquema habilita la participación de empresas privadas, mixtas o entes públicos en la ejecución y mantenimiento de la infraestructura.
Desde el Ejecutivo nacional justificaron la decisión en la necesidad de generar nuevas herramientas de financiamiento ante las restricciones fiscales. En ese sentido, el decreto plantea que el cobro de peajes permitirá recuperar la inversión en mantenimiento, ampliación y explotación de los tramos intervenidos.
El modelo redefine responsabilidades entre Nación y provincias. Mientras las jurisdicciones deberán elaborar los pliegos, ejecutar las obras y fijar las tarifas, el Estado nacional conservará funciones de supervisión técnica a través de la Dirección Nacional de Vialidad. Además, el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación.
El decreto también establece límites y condiciones. La delegación será "funcional, limitada, temporal y revocable", y los contratos de concesión no podrán superar los 30 años. Asimismo, cada provincia deberá firmar convenios específicos con Vialidad Nacional, donde se detallarán los tramos involucrados y los planes de obra.
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Otro punto clave es que las licitaciones deberán respetar criterios de "publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero". Además, si una provincia no avanza con el proceso licitatorio dentro del plazo de un año, perderá la facultad otorgada sobre ese corredor.
La medida abre un nuevo escenario para Mendoza, que ya había manifestado interés en asumir un rol más activo en la gestión vial. Sin embargo, también introduce desafíos en términos económicos y sociales, ya que la eventual implementación de peajes podría impactar en el transporte, la logística y la conectividad, especialmente en rutas estratégicas vinculadas al comercio con Chile.