El Gobierno dio de baja el programa Volver al Trabajo y reorienta la asistencia social
En medio de protestas encabezadas por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Gobierno nacional confirmó la finalización del programa Volver al Trabajo, una política social que había sido implementada como continuidad del ex Potenciar Trabajo.
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La decisión fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, y se enmarca -según explicaron- en el cumplimiento del plazo original del programa, que tenía una duración de dos años. La última asignación mensual para los beneficiarios fue abonada en abril.
Desde la cartera oficial señalaron que la medida responde a una estrategia más amplia de reorganización del gasto social. "La estrategia apunta a consolidar un esquema de asistencia directa, sin intermediarios, y a generar incentivos para la inserción en el empleo formal", indicaron en un documento difundido durante la jornada.
El programa Volver al Trabajo había sido diseñado con el objetivo de facilitar el acceso al empleo registrado, promoviendo capacitaciones laborales y herramientas de formación. En ese marco, los beneficiarios contaban con prioridad para participar en cursos impulsados por el Estado, además de la posibilidad de acceder a vouchers para capacitación en oficios.
Antes de su finalización, el Gobierno notificó a los participantes sobre estas alternativas, en un intento por sostener la transición hacia el mercado laboral formal. Sin embargo, la decisión de darlo de baja generó rechazo en sectores sociales, que salieron a manifestarse con cortes de rutas en distintos puntos del país.
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En paralelo, el Ejecutivo destacó el refuerzo de otras políticas de asistencia. Según datos oficiales, la Tarjeta Alimentar registró un incremento del 137,5%, mientras que la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo tuvieron aumentos del 561%, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento a sectores vulnerables.
Así, el Gobierno avanza en una reconfiguración de las políticas sociales, priorizando la asistencia directa y la formación laboral, en un contexto de ajuste que sigue generando tensiones con organizaciones sociales y beneficiarios de programas estatales.