El Gobierno vuelve a postergar la suba de impuestos a los combustibles hasta mayo
El Gobierno nacional dispuso una nueva postergación en la actualización del impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL), trasladando los incrementos previstos para mayo. La decisión quedó oficializada a través del Decreto 217/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
De esta manera, el Ejecutivo resolvió diferir nuevamente los aumentos pendientes en los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono, correspondientes a las actualizaciones de los años 2024 y 2025. La medida alcanza a productos como la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.
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En el texto oficial, el Gobierno argumentó que la decisión apunta a "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible", y consideró necesario postergar los incrementos remanentes derivados de las actualizaciones impositivas.
La medida se enmarca en un contexto internacional complejo, marcado por la tensión en Medio Oriente, que presiona al alza los precios del petróleo. En ese escenario, el Ejecutivo busca evitar un traslado directo a los surtidores y moderar el impacto sobre la inflación, que viene mostrando una aceleración en los últimos meses.
Desde septiembre del año pasado, el esquema de actualización de estos impuestos se modificó para que los incrementos se calculen en función de la inflación y se apliquen de manera trimestral. Sin embargo, en la práctica, las subas han sido aplicadas de forma parcial o diferida.
Además, el Gobierno mantiene un esquema diferencial para el gasoil destinado a determinadas regiones, como las provincias patagónicas, el Partido de Patagones en Buenos Aires y el departamento de Malargüe en Mendoza.
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La nueva fecha prevista para aplicar los incrementos es mayo, con la expectativa de que para entonces se modere el conflicto internacional y el precio del petróleo se aleje de los niveles cercanos a los 100 dólares por barril.
Desde mediados de 2024, la administración de Javier Milei ha recurrido en varias oportunidades a la postergación o segmentación de estos ajustes impositivos, con el objetivo de evitar subas bruscas en los precios de los combustibles y su impacto en la inflación.
Según estimaciones de la consultora Economía y Energía, las postergaciones aplicadas durante 2025 implicaron una pérdida de ingresos fiscales cercana a los 2.326 millones de dólares.