Denuncian a Manuel Adorni por presuntas irregularidades en contratos y la concesión de Tecnópolis
La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra Manuel Adorni para que se investiguen supuestas irregularidades en contrataciones públicas y en el proceso de concesión del predio de Tecnópolis. La causa, que tomó estado público en las últimas horas, apunta a posibles delitos contra la administración pública.
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Según el escrito, una de las principales observaciones se centra en una licitación vinculada a servicios de mensajería masiva impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios. En ese proceso, la empresa ATX S.A. habría resultado adjudicataria de un contrato superior a los $3.650 millones para el envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas.
La denuncia advierte sobre posibles vínculos societarios entre distintas firmas participantes -como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.- lo que podría afectar los principios de transparencia y libre competencia. En ese sentido, se menciona la existencia de una eventual "simulación de competencia" en perjuicio del Estado.
Otro eje de la presentación judicial apunta al proceso de concesión de Tecnópolis, estimado en más de $183.300 millones y bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Allí se señala un presunto conflicto de interés por la relación entre la consultora +Be -propiedad de Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni- y empresas vinculadas a firmas preseleccionadas para la explotación del predio.
El documento también expone posibles conexiones comerciales con compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que, según la denunciante, podría configurar incompatibilidades con el ejercicio de la función pública.
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De acuerdo con la presentación, los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. En ese marco, se solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar responsabilidades.
Por el momento, no hay imputaciones formales, y será la Justicia la encargada de analizar la consistencia de las pruebas presentadas y definir los próximos pasos en una causa que pone bajo la lupa millonarias contrataciones y el proceso de concesión de uno de los predios más importantes del país.