La CGT va a la Justicia contra la reforma laboral de Milei y busca frenar su aplicación
La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este viernes un recurso de amparo ante la Justicia para intentar frenar la aplicación de la Ley de Modernización Laboral promovida por el gobierno de Javier Milei.
La central obrera decidió recurrir a los tribunales luego de que la norma fuera promulgada oficialmente y comenzara a regir en todo el territorio argentino tras su publicación en el Boletín Oficial.
Ya rige la reforma laboral: cambios en vacaciones, horas extras, despidos y derecho a huelga
La presentación judicial fue realizada ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal, uno de los ámbitos encargados de intervenir en litigios relacionados con decisiones del Estado nacional.
Luego del sorteo correspondiente, el expediente quedó asignado al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavie Pico, quien deberá analizar el planteo impulsado por la organización sindical.
La acción judicial forma parte de la estrategia que la CGT busca desplegar para cuestionar la reforma laboral aprobada recientemente por el Congreso. La normativa fue promulgada a través del Decreto 137/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
La CGT busca declarar inconstitucional la reforma laboral de Milei.
El texto legal introduce modificaciones en distintos aspectos del régimen laboral argentino, lo que generó un fuerte rechazo por parte de sindicatos y organizaciones gremiales.
Entre los puntos que más cuestionamientos despiertan dentro del movimiento obrero figuran cambios en las modalidades de contratación, nuevas disposiciones vinculadas a los despidos y ajustes en algunos mecanismos de protección laboral.
El Gobierno promulgó la Ley de Modernización Laboral
Desde la central sindical sostienen que varios artículos de la norma podrían afectar derechos adquiridos por los trabajadores. Por ese motivo, consideran que el contenido de la ley debería ser revisado por la Justicia y evaluado desde el punto de vista constitucional.
La CGT entiende que la vía judicial puede convertirse en una herramienta clave para suspender o frenar la aplicación de determinados aspectos de la reforma. Mientras tanto, el juez Lavie Pico deberá analizar los argumentos presentados y definir si corresponde admitir el amparo e incluso dictar una eventual medida cautelar.