El Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal y puso en marcha un nuevo régimen impositivo
El Gobierno reglamentó este lunes la Ley de Inocencia Fiscal, una de las reformas tributarias más ambiciosas impulsadas por la gestión de Javier Milei, que propone un cambio estructural en la relación entre el Estado y los contribuyentes.
Con la publicación del decreto reglamentario, quedó formalmente en vigencia el Régimen de Declaración Jurada Simplificada, un esquema que reduce drásticamente los controles patrimoniales a cambio de un cumplimiento estricto de la facturación.
La normativa introduce modificaciones en el Régimen Penal Tributario y en el Código Civil y Comercial, y establece un nuevo paradigma de fiscalización: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solo podrá exigir el pago del Impuesto a las Ganancias sobre los ingresos facturados, sin considerar el crecimiento patrimonial ni los niveles de consumo de los contribuyentes adheridos.
Un régimen simplificado con blindaje patrimonial
El eje central de la reglamentación es la creación del denominado "Régimen Simplificado de Ganancias", al que podrán adherir contribuyentes con un patrimonio de hasta $10.000 millones. Quienes opten por este esquema quedarán protegidos frente a fiscalizaciones vinculadas a variaciones patrimoniales, consumos personales o incrementos de bienes.
Según lo establecido, ARCA no podrá utilizar la evolución del patrimonio ni los gastos realizados como base para presunciones de evasión. De este modo, se elimina una de las herramientas históricas del fisco para detectar inconsistencias entre ingresos declarados y nivel de vida.
Ganancias solo por lo facturado
Bajo el nuevo régimen, el Impuesto a las Ganancias se determinará exclusivamente en función de los ingresos facturados y declarados ante ARCA. El origen de los fondos utilizados para adquirir bienes, ahorrar o realizar consumos no será objeto de análisis, siempre que no se detecten omisiones en la facturación.
El esquema apunta a incentivar la formalización de operaciones y la declaración de ingresos, en un contexto donde una parte significativa de la economía opera en la informalidad o mantiene activos fuera del sistema.
Efecto liberatorio y menor litigiosidad
Uno de los puntos más relevantes de la reglamentación es el denominado "efecto liberatorio". El artículo 39 de la ley establece que el pago en término de la declaración jurada propuesta por ARCA libera al contribuyente de cualquier reclamo posterior, salvo que el organismo demuestre la existencia de ingresos no facturados.
Desde el Gobierno destacan que este mecanismo busca reducir la conflictividad judicial y administrativa, al otorgar previsibilidad y cierre fiscal definitivo a quienes cumplan con el régimen.
Objetivos económicos y políticos
La Ley de Inocencia Fiscal se inscribe dentro de la estrategia oficial para atraer dólares al sistema formal sin recurrir a un blanqueo tradicional, que suele implicar penalidades, alícuotas especiales y plazos acotados. En este caso, el incentivo se basa en la promesa de menor control y mayor seguridad jurídica a futuro.
Además, la medida apunta a concentrar los recursos del Estado en el control de la evasión vinculada a la subdeclaración de ingresos, en lugar de fiscalizar patrimonios acumulados en el pasado.