La Joaqui y la China Suárez quedaron involucrados en una causa por contrabando de autos de lujo
Una organización dedicada al ingreso ilegal de autos de alta gama al país fue desarticulada tras una serie de allanamientos simultáneos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
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Los vehículos, que luego eran alquilados para producciones vinculadas a figuras del espectáculo como La Joaqui, L-Gante y Eugenia "la China" Suárez, habían sido introducidos desde Paraguay bajo maniobras fraudulentas, según informaron fuentes oficiales.
El operativo fue encabezado por la Dirección General de Aduanas y se desarrolló en el marco de una investigación instruida por la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú. Los procedimientos, autorizados por el Juzgado Federal a cargo del juez Marcelo Cardozo, contaron con la participación de la Policía de la Ciudad, la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección General Impositiva.
Como resultado, se secuestraron cuatro vehículos de lujo, entre ellos un Ford Mustang y un Chevrolet Camaro, además de una camioneta Toyota SW4 con patente argentina. También fueron detenidos dos ciudadanos argentinos y se incautaron aproximadamente 30 millones de pesos, 20 mil dólares en efectivo y un arma de fuego sin documentación.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, la maniobra se basaba en el uso irregular del Régimen de Circulación de Vehículos en el Mercosur. Residentes paraguayos ingresaban los rodados al país con el argumento de realizar turismo, pero luego los dejaban en territorio argentino para que fueran utilizados por sus verdaderos dueños, eludiendo así los controles aduaneros vigentes al menos desde 2023.
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La investigación también reveló que los involucrados mantenían una exposición ostentosa en redes sociales y ofrecían los autos para alquiler en producciones artísticas y eventos. Uno de los principales sospechosos aseguraba ser propietario de una productora de espectáculos, aunque no registraba actividad económica declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La causa quedó caratulada como contrabando agravado, delito previsto en el artículo 865 del Código Aduanero, que contempla penas de hasta 10 años de prisión. Mientras tanto, la Justicia continúa analizando la documentación secuestrada para determinar el alcance total de la operatoria y posibles nuevas imputaciones.