La DGE cesanteó a una celadora por acumular 181 faltas injustificadas en menos de un año

La sanción fue confirmada tras una investigación administrativa que determinó un ausentismo sistemático incompatible con el servicio público.

La Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió despedir a una celadora, luego de comprobar un nivel de inasistencias considerado excepcionalmente alto. La medida fue adoptada tras un sumario administrativo y quedó formalizada mediante una resolución oficial.

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De acuerdo con el expediente, la trabajadora acumuló 181 faltas injustificadas entre septiembre de 2021 y junio de 2022, un período inferior a un año lectivo completo. El volumen de ausencias fue calificado como una conducta grave y reiterada, incompatible con las obligaciones básicas del cargo.

La investigación fue tramitada por la Oficina General de Sumarios y evaluada posteriormente por la Junta de Disciplina para los Trabajadores No Docentes, que emitió un dictamen favorable a la cesantía. Esa recomendación fue avalada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que consideró acreditado el incumplimiento de los deberes funcionales.

Según se detalló en la resolución, la conducta vulneró el artículo 5 inciso a) de la Ley Nº 9103, que regula el régimen disciplinario provincial, y el Estatuto del Empleado Público (Decreto Ley Nº 560/73), normas que establecen la obligación de prestar servicios en forma regular y continua.

Si bien en el legajo de la agente figuraban inasistencias anteriores a 2018, esos antecedentes fueron declarados prescriptos por el organismo. No obstante, el tramo comprendido entre 2018 y 2022 fue considerado suficiente para demostrar un patrón sostenido de incumplimiento laboral.

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Desde la DGE señalaron que la sanción se encuadra en los procedimientos administrativos vigentes y responde a la necesidad de garantizar el normal funcionamiento de los establecimientos educativos y el adecuado uso de los recursos humanos del sistema.

Con esta resolución, el Gobierno escolar dio por concluido el proceso disciplinario y dispuso la desvinculación definitiva de la trabajadora del Estado provincial.

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