Polémica por la reforma penal: Bullrich confirma que podrían eliminar la figura de femicidio
Este lunes, Patricia Bullrich ofreció precisiones sobre la reforma del Código Penal que el Gobierno pretende incluir en el temario de las sesiones extraordinarias. Dentro del oficialismo se analizan por estas horas dos puntos centrales: la eventual eliminación de la figura del femicidio y la posibilidad de declarar imprescriptibles los delitos de corrupción. "Todo está a estudio y entre mañana y hoy se tomarán las últimas defunciones", señaló a este medio una alta fuente del Ejecutivo luego de la exposición de Bullrich.
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Respecto del primer eje, la ministra dejó abierta la discusión. Frente a una consulta en conferencia de prensa, afirmó que no está descartado suprimir el femicidio como agravante dentro de los homicidios. La propuesta había sido anticipada por la Casa Rosada en enero de 2025, cuando se habló de un proyecto basado en la "igualdad ante la ley" que apuntaba a derogar cupos y normas vinculadas "con la discriminación positiva".
En aquella oportunidad, Javier Milei sostuvo en el Foro Económico de Davos: "Si uno mata a una mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grande que si uno mata a un hombre, solo por el sexo de la víctima. Legalizan de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre".
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Las declaraciones oficiales reavivaron el debate sobre si la eliminación del término podía favorecer a personas ya condenadas. Según pudo reconstruir TN en ese momento, dentro del Gobierno aseguraban que la derogación de la figura no generaría beneficios penales ni habilitaría pedidos basados en el principio de ley más benigna. Hoy predomina el hermetismo entre quienes trabajan en el borrador: Bullrich, el secretario de Justicia Sebastián Amerio y la secretaria Legal y Técnica María Ibarzábal.
El proyecto también incorpora modificaciones en las penas por homicidio, eleva sanciones por lesiones en conducción imprudente, redefine la legítima defensa, elimina límites temporales para las perpetuas, extiende su aplicación a todas las provincias y establece que las víctimas serán notificadas antes de que un condenado acceda a beneficios o recupere la libertad.