La millonaria demanda de un jubilado mendocino por las secuelas que le dejó la vacuna AstraZeneca
Un jubilado de Mendoza presentó una demanda judicial por más de $152 millones contra el Estado argentino y el laboratorio AstraZeneca, tras alegar que sufrió una trombosis venosa profunda (TVP) como efecto adverso de la vacuna contra el COVID-19.
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La acción enfrenta un obstáculo legal: la Ley 27.573, sancionada en octubre de 2020 durante la gestión de Alberto Fernández, que exime a las farmacéuticas de responsabilidad civil y obliga a los damnificados a recurrir al Fondo de Reparación COVID-19 para recibir compensaciones limitadas.
El demandante reclama indemnización por daño físico y moral, gastos médicos, incapacidad permanente, pérdida de oportunidades laborales y recreativas, y un daño punitivo como sanción ejemplar contra AstraZeneca.
Según la presentación judicial, las secuelas le impiden realizar tareas cotidianas como operar maquinaria agrícola, practicar deportes o viajar. A diferencia de otros afectados, pudo costear estudios médicos y peritajes exigidos por la ley, que coloca toda la carga probatoria sobre la víctima.
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Además del reclamo económico, el caso busca cuestionar la constitucionalidad de la Ley 27.573, abriendo un debate sobre el derecho a la reparación integral frente a efectos adversos vinculados a campañas de vacunación masiva.
Casos similares se registran en otras jurisdicciones. En España, un tribunal de Barcelona reconoció como accidente laboral los efectos adversos sufridos por un docente tras recibir la vacuna de AstraZeneca, marcando un precedente en la jurisprudencia europea. En Argentina, también se tramitan demandas por secuelas graves, como síndrome de Guillain-Barré y púrpura trombocitopénica.
El laboratorio ha reconocido la existencia de efectos secundarios raros, como la trombocitopenia trombótica inmune, pero sostiene que los beneficios de la vacunación superan ampliamente los riesgos.