El fuerte revés judicial que enfrenta Grido en Argentina ¿afecta a las sucursales de Mendoza?
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este martes reabrir la causa contra los propietarios de Helacor, la empresa cordobesa que maneja la cadena de heladerías Grido, y ordenó que se realice un juicio oral por presunta asociación ilícita fiscal.
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La medida fue dictada por mayoría en la Sala IV del tribunal y revoca el sobreseimiento que el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba había emitido en 2023.
Los acusados -Oscar Lucas Santiago, Lucas Santiago y Sebastián Oscar Santiago- deberán enfrentar el proceso judicial por maniobras presuntamente realizadas entre 2007 y 2012, aunque desde el entorno de la firma aclararon que las acusaciones son personales y no comprometen directamente a la empresa ni a su operación comercial.
En ese sentido, fuentes vinculadas a la compañía aseguraron que el juicio no afectará el funcionamiento de las más de 1.600 sucursales que Grido posee en todo el país, incluidas las numerosas franquicias distribuidas en la provincia de Mendoza. En la región, la cadena mantiene una sólida presencia con locales en departamentos como Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Las Heras y San Rafael, que continuarán operando con normalidad.
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La investigación, iniciada en 2012 a raíz de una denuncia de la AFIP, sostiene que los empresarios habrían diseñado un complejo esquema de evasión mediante la creación de heladerías a nombre de personas cercanas y el uso de facturación marginal. Según el organismo recaudador, la maniobra incluía el sistema de "operaciones W", donde también estarían implicados contadores, abogados y franquiciados.
"El fraude consistía en introducir la marca en nuevos mercados con heladerías gestionadas por terceros leales, y luego transferir el fondo de comercio, facturando solo el 10% del valor, que está exento de IVA, para eludir impuestos", explicó la AFIP en su momento. A cambio, los franquiciados recibían un descuento del 10% en las llamadas "compras W".
En 2013, los empresarios intentaron regularizar su situación mediante la adhesión a un blanqueo fiscal previsto por la ley 26.860, en el cual declararon ventas omitidas por dos millones de dólares. Sin embargo, la Cámara rechazó que dicha regularización alcance el delito de asociación ilícita fiscal, por lo que la causa fue reactivada.
En medio del nuevo panorama judicial, los representantes legales de los empresarios solicitaron la aplicación retroactiva del régimen de regularización impositiva aprobado este año, que contempla la extinción de la acción penal para ciertos delitos tributarios. Además, ofrecieron una reparación económica de 240 millones de pesos a ser destinados a entidades de bien público.