Giro inesperado: ahora los fondos buitre no quieren controlar YPF

El vocero presidencial Manuel Adorni ratificó que, a pesar de este cambio de posición de los fondos buitre, la Argentina "no va a negociar".

"Argentina no va a negociar con las partes demandantes". Con esa afirmación tajante, el vocero presidencial, Manuel Adorni, descartó este viernes cualquier tipo de diálogo con los fondos buitre, quienes reclaman el pago de 16.099 millones de dólares tras haber obtenido un fallo favorable en primera instancia en el juicio por la expropiación de YPF.

A la par de esta postura oficial, los propios demandantes aclararon que no buscan quedarse con el 51% de las acciones de YPF ni tomar el control de la compañía. Según un escrito presentado ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, su intención es que el Gobierno argentino deposite una garantía financiera que les permita avanzar con la apelación. "No tienen intención de administrar la compañía", informó el analista Sebastián Maril, quien también detalló que los fondos presentaron un escrito donde señalaron que, si reciben las acciones como parte del cobro, buscarán la manera de devolverlas.

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En conferencia de prensa, Adorni celebró la suspensión preventiva de la entrega de acciones Clase D ordenada por la jueza Loretta Preska el 30 de junio pasado. "Argentina logró que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito disponga la suspensión preventiva de la orden de entrega de acciones de YPF. En consecuencia, la decisión de la jueza se encuentra temporalmente suspendida", explicó.

El funcionario también destacó que "esta suspensión seguirá vigente hasta que la Cámara decida si mantiene la suspensión durante todo el trámite de apelación" y precisó que "no hay un plazo determinado para eso".

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Las declaraciones se conocieron poco después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en calidad de amicus curiae, respaldara a la Argentina. La presentación abarcó las causas Petersen Energía Inversora S.A.U., Eton Park Capital Management y Bainbridge Fund Ltd., y pidió frenar la ejecución de la sentencia para preservar la inmunidad soberana y garantizar el debido proceso.

Ante este respaldo, el Gobierno argentino reafirmó su postura: "Argentina no va a negociar con las partes demandantes y rechaza categóricamente cualquier discusión malintencionada de reuniones paralelas o acuerdos clandestinos", concluyó Adorni.

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