Por decisión judicial, las prepagas no devolverían el dinero a sus afiliados tras el aumentazo

El proceso legal contra el aumento desmedido de las cuotas de las prepagas sufrió un giro inesperado. La jueza Mercedes Maquieira transfirió el caso a un proceso colectivo iniciado por ciudadanos comunes contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei, el cual permitió los aumentos en las cuotas. 

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Esta decisión inusual coloca al Gobierno, que habilitó la desregulación, en una posición inusual, litigando junto a los afectados contra las empresas que defienden los incrementos.

El Gobierno buscaba, a través de un amparo contra 16 empresas de medicina prepaga, detener los aumentos desmedidos en las cuotas y establecer un control mediante un índice determinado por el tribunal. 

Sin embargo, varias empresas, incluyendo las más importantes del mercado, se opusieron, argumentando la legitimidad del DNU y defendiendo la libertad económica que éste estableció.

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La jueza Maquieira remitió el caso a un proceso colectivo, reconociendo que la Superintendencia de Seguros de Salud actuaba en nombre de los afiliados perjudicados. Esto, a pesar de que la demanda no se había presentado formalmente como una acción colectiva.

 Maquieira destacó que la acción buscaba proteger los derechos de los millones de afiliados afectados y que los bienes involucrados en el litigio tenían un carácter colectivo.

Esta decisión judicial implica que el caso colectivo "Wilson", que cuestiona la constitucionalidad del DNU de Milei, debe tramitarse conjuntamente con la demanda de las prepagas. 

El juez Juan Rafael Stinco había iniciado el proceso colectivo "Wilson" previamente, reconociendo la necesidad de unificar los esfuerzos para restaurar las funciones de supervisión de la Superintendencia de Servicios de Salud.